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jueves 6 de octubre de 2011
Comunicado de los Directores de Econoinvest
A 500 DÍAS DE INJUSTA RECLUSIÓN
Lo que comenzó con una denuncia de la Superintendencia Nacional de
Valores, el 12 de mayo de 2010 contra tres casas de bolsa por efectuar
operaciones con divisas sin los respectivos soportes en títulos
valores, terminó con la decisión de cerrar un sector que proveyó cerca
de 40.000 millones de dólares en capital para el Estado y un monto
altamente significativo para el sector privado, garantizando más de
10.000 empleos, e incorporando al pequeño ahorrista al mercado de
valores, llegando a alcanzar la suma de 1.900.000 inversionistas
directos, 3.500.000 indirectos y 1.200 cajas de ahorro.

Al comprobarse que todas las operaciones estaban debidamente
soportadas y autorizadas en el Banco Central de Venezuela bajo el
Sistema de Custodia Electrónica de Títulos (SICET), un juez de
control, el abogado Robinson Vásquez, saltándose el principio de
legalidad penal que reza que no puede haber delito sin ley previa,
decidió, contra toda lógica, que las operaciones con los títulos
valores denominados Títulos de Interés y Capital Cubierto (TICC) eran
ilícitas.

La Ley Contra los Ilícitos Cambiarios de 2005, reformada en febrero de
2008, autorizaba expresamente en su artículo 9 las operaciones con
títulos valores y la excluía de responsabilidad penal. Sin embargo,
luego de casi cinco años de compra-venta de títulos valores avalada
por el Banco Central de Venezuela y la propia Comisión Nacional de
Valores, el juez Vásquez, inaugurando un nuevo e inconstitucional
derecho, decidió que tales operaciones que realizaban entes públicos,
privados, particulares, funcionarios y hasta los propios legisladores,
eran ilegítimas, contradiciendo la ley que de manera explícita las
autorizaba.

Bajo esta aberración hoy cumplimos 500 días privados ilegítimamente de
nuestra libertad con los cargos de Comercialización Ilícita de Divisas
y Agavillamiento.

Si este absurdo criterio llegara a consolidarse, podría investigarse y
juzgarse a todos aquellos que utilizaron legalmente estos mecanismos
de ahorro e inversión: importadores, miembros de los sectores de la
industria y del comercio; al resto de las más de 100 casas de bolsas y
sociedades de corretaje, a la banca nacional, pionera en la
utilización de títulos valores para proteger sus capitales y
negociarlos en divisas o en bolívares, a pesar de que todos actuaron
amparados en las excepciones que brindaba la ley.

Mucha agua ha pasado bajo el puente. Clientes y accionistas
minoritarios de la que fuera nuestra empresa han consignado ante la
Fiscalía y la Contraloría General de la República, denuncias por
graves irregularidades cometidas en el proceso de intervención, tales
como clonación de cheques, desaparición y aparente venta de los
títulos valores de los usuarios, desaparición del mobiliario de la
empresa, manipulación del orden de prelación del pago de las
acreencias, el cual terminó favoreciendo a ciertos clientes
corporativos en detrimento de

los pequeños inversionistas, contrataciones de servicios externos de
asesores, peritos, abogados, auditores y contadores, sin justificación
real y pagos estrambóticos, contratación indebida de familiares de los
interventores, pagos de publicidad sobrefacturada a supuestas agencias
de publicidad al doble de su precio de mercado, venta de la cartera de
bonos TICC los días previos a la devaluación, operación que representó
una pérdida de 102 millones de bolívares fuertes a la casa de bolsa, a
los clientes, y a los accionistas de la empresa.

Estas numerosas irregularidades denunciadas llevaron a la destitución
de la junta liquidadora de Econoinvest, la misma que por medio de la
difamación por medios de comunicación y presentación de acusaciones
falsas, manipulación documentos y pruebas, nos mantienen en esta
injusta reclusión, separados de nuestra familia.

Desde nuestro cautiverio, nosotros, directores de Econoinvest Casa de
Bolsa, seguimos en la labor de hacer valer nuestra inocencia
ejerciendo nuestro derecho a la justa aplicación de la ley, con el
convencimiento irrestricto de que tarde o temprano habrá de imponerse
la justicia.