El 10 de diciembre se cumplieron 2 años desde que la jueza María
Lourdes Afiuni, dando cumplimiento a una resolución del Comité contra
las Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas
que ordenaba clara y directamente la libertad del empresario Eligio
Cedeño, le otorgó una medida sustitutiva a la prisión para que su
juicio continuara en libertad, tal como lo establece además el Código
Orgánico Procesal Penal venezolano.
Desde ese momento, los ataques, violaciones a los derechos humanos de
la jueza Afiuni y las faltas al debido proceso que se le sigue son el
pan nuestro de cada día. Todos recordamos como el mismo jefe de la
revolución en cadena nacional pidió para esta mujer la pena máxima de
30 años constituyéndose, desde ese momento, en el máximo juez del
juicio y entrometiéndose en las decisiones que corresponden al Poder
Judicial.
Lo más grave es que todos en el mundo judicial saben que el
ensañamiento contra el empresario Cedeño y la jueza Afiuni obedecen a
una vendetta familiar del clan de Barinas. Eso es lo más atroz y lo
más triste.
Ahora la jueza Afiuni recibe otro golpe ante la inexplicable solicitud
del Ministerio Público de que se le prorrogara por dos años su
detención porque su juicio no había terminado. El juez de la causa,
Alí Fabricio Paredes, omitió procesos establecidos en el Código
Orgánico Procesal Penal como escuchar a las partes en una audiencia
pública y, en una decisión arbitraria y carente de toda legalidad,
procedió a conceder la medida que la mantendrá privada de su libertad
por un par de años más.
La trayectoria del juez Alí Fabricio Paredes, de acuerdo con algunos
medios de comunicación, es conocida en los tribunales porque de ser
funcionario policial pasó a ser juez, caracterizándose por ser fiel
militante del PSUV. Todo esto a pesar de que nuestra Constitución
establece que los miembros del Poder Judicial no deben tener
militancia política.
Los abogados democráticos consultados advierten que este ciudadano ha
cometido en el proceso de la jueza Afiuni cualquier cantidad de
arbitrariedades inimaginables y cualquier abuso de autoridad posible.
Desde luego, todas estas afirmaciones a favor o en contra están
puestas sobre la mesa de la justicia porque tarde o temprano debe
resplandecer la verdad.
Nuevamente, la jueza María Lourdes Afiuni sufre otro de los muchos
atropellos, vejaciones y humillaciones a las que ha tenido que ser
sometida a lo largo de su proceso, que sin duda alguna pasará a la
historia negra de la justicia venezolana como uno de los que más
violaciones acumula contra los derechos humanos.
Para los que creemos que la justicia, algún día no muy lejano llegará
a nuestro país. Sabemos que las violaciones a los derechos humanos no
prescriben, esperamos que cuando se recobre el Estado de Derecho el
caso de la valiente jueza Afiuni sea uno de los primeros por los que
serán juzgados los responsables de tan graves atropellos.
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