El Estado fija más controles a la construcción privada de casas Dossier33

diciembre - 11 - 2011

Desde 2009 el Gobierno ha estado armando un cerco a la construcción
privada de viviendas mediante leyes y resoluciones, y esas acciones
han tenido como resultado: una menor ejecución de casas y una caída en
el número de permisos.

Esta semana la Asamblea Nacional aprobó la Ley contra la Estafa
Inmobiliaria y a ese marco legal se suman otros como la Ley de
Arrendamientos, la Ley de Tierras Urbanas, la resolución que prohíbe
el cobro del índice de precios al consumidor en la preventa y los
decretos de expropiaciones de desarrollos habitacionales.

Ante ese entorno de más regulaciones, el sector privado también se ha
tenido que enfrentar a una menor disponibilidad de insumos, que ha
limitado su actividad. Este año, el Estado (que controla 90% de la
producción de cemento y cabillas) fijó prioridades en la distribución
y la mayor parte de los materiales han sido para proyectos del sector
público, de manera que los privados están recibiendo menos productos.

Y por las normas y la menor disponibilidad de insumos, las viviendas
paralizadas por los privados al cierre del tercer trimestre de 2011
llegaron a 43.000, cuando hace un año eran 25.000 casas. Las unidades
sin iniciar (que tienen permisos, pero no se han podido empezar por
diferentes factores) ascienden a 116.000, mientras que el pasado año
eran 112.000 soluciones.

Los inmobiliarios señalan que se avanzará con aquellos proyectos que
ya tienen la permisología y los servicios, y agregan que las obras
nuevas serán pocas. La menor producción a futuro se observa con los
permisos, que al cierre del tercer trimestre de este año tuvieron una
caída de 20,5%,

Inicio de las regulaciones

Hace tres años comenzaron las restricciones al mercado inmobiliario.
En junio de 2009, el para entonces Ministerio de Obras Públicas
prohibió la aplicación del índice de precios al consumidor en la
preventa de inmuebles, lo cual obligó a las constructoras a realizar
una revisión de los contratos.

A partir de ese momento, las operaciones en el mercado primario
empezaron a mermar.

Pero el Estado siguió con las acciones, y aunado a la prohibición se
reformó la Ley de Acceso a los Bienes y Servicios para fijar medidas
preventivas sobre los bienes inmuebles cuando se detecten abusos de
las constructoras y promotoras.

Las regulaciones a lo largo de ese ejercicio continuaron en ascenso.
En el último trimestre del año 2009 se aprobó la Ley de Tierras
Urbanas, la cual declara de utilidad pública e interés social todas
las tierras sin uso. Allí se limita la disposición (venta) de los
terrenos y se indica que el Estado tiene un derecho de preferencia.

En el ejercicio de 2010 no se aprobaron nuevas leyes, pero sí fueron
constantes las amenazas al sector hasta que en noviembre de ese año se
autorizó la expropiación y ocupación de 57 desarrollos habitacionales
en varios estados, bajo el argumento de que las constructoras
incumplieron con las normativas y se retrasaron en la entrega de los
proyectos.

De esos desarrollos ocupados, el 59% todavía se encuentra en ejecución.

Sigue el cerco

En este 2011 las regulaciones al sector privado aumentaron con la
reforma de la Ley de Arrendamientos y la Ley contra la Estafa
Inmobiliaria. En ambos instrumentos las constructoras necesitan
cumplir con más pasos para poder iniciar la construcción de casas.

En la Ley de Alquileres, las empresas están obligadas a destinar un
porcentaje de las viviendas al arrendamiento y por esa obligatoriedad,
las constructoras ahora tienen que informar al Ministerio de la
Vivienda la cantidad de unidades a realizar, y sin una carta aval del
despacho no se puede iniciar los desarrollos. Adicionalmente, el
Ejecutivo designará las casas que se alquilarán y calculará la renta a
cobrar.

Aunado a esos pasos, ahora se añaden las exigencias de la Ley contra
la Estafa Inmobiliaria. Ese instrumento, dice el Gobierno, surgió por
las irregularidades en la construcción casas que llevó a las
ocupaciones del pasado año.

La Ley crea una dirección especial en el Ministerio de la Vivienda que
conformará un registro de constructoras y revisará los contratos de
preventa.

Las constructoras, además, tienen que terminar las viviendas en un
plazo de 24 meses y si hay retrasos se tienen que indemnizar a los
compradores por cada día de retardo. Los inmobiliarios consideran que
ese lapso no se puede cumplir ante las fallas de los materiales.

Las empresas que incumplan deberán pagar multas de hasta 2.500
unidades tributarias. ELUNIVERSAL.COM