Preocupación por extensión de detención preventiva y las condiciones de detención de la juez María Lourdes Afiuni Cortesía RADIONEXX

La Comisión Internacional de Juristas y la fundación holandesa Rechters voor
Rechters (Jueces para Jueces) hoy expresaron su preocupación común al
conocer que
una extensión de prisión preventiva ha sido emitida contra la juez
venezolana María
Lourdes Afiuni.

La juez Afiuni se encuentra detenida desde el 10 de diciembre de
2009 por actos cumplidos en el ejercicio de sus funciones como titular
en el Circuito
Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
La nueva resolución, adoptada sin audiencia previa el martes 13 de diciembre
accediendo a la petición de la Fiscalía General, prorrogó por dos años
la detención
preventiva de la jueza, para un total de cuatro años de medida
cautelar de detención
dictados contra la jueza hasta ahora. A este propósito, cabe destacar
que entre los
supuestos delitos por los cuales la jueza está imputada, el de
corrupción propia es el
crimen para el cual el código penal venezolano prevé la pena privativa
de libertad más
severa, que equivale a tres años como mínimo. Sin embargo, por efecto de la
resolución del martes pasado, la juez será sometida a prisión
preventiva durante un
tiempo más largo que la pena que podría ser condenada a cumplir si hubiese una
condena definitiva.
La juez Afiuni fue arrestada por haber dictado orden de liberación
condicional de un
prisionero sometido a detención arbitraria en razón de haberse
excedido los términos
máximos de detención, tal como fue denunciado por el Grupo de Trabajo de las
Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria el 1 de septiembre de 2009. El día
después del arresto de la juez, el Presidente de la Republica de
Venezuela Sr. Hugo
Chávez intervino en cadena nacional de radio y televisión llamando a
la jueza una
"bandida", y declarando haber solicitado a una condena de "30 años de prisión en
nombre de la dignidad del país".
Tras haber pasado más de un año en el Instituto Nacional de Orientación Femenina
(INOF), donde la juez Afiuni fue víctima de repetidas amenazas de
muerte e intentos
de asesinato por parte de prisioneras que en varios casos ella misma
había condenado,
desde el 2 de febrero de 2011 la jueza se encuentra bajo detención
domiciliaria, por razones de graves problemas de salud que resultaron
de su prolongada permanencia en el instituto penitenciario sin recibir
las atenciones apropiadas.
Además de esta medida, la jueza está sometida a la obligación de
presentarse periódicamente ante la
autoridad judicial y a la prohibición de comunicarse con la prensa;
también le está
prohibido salir de su casa para tomar el sol y hacer ejercicio físico
en el jardín de su
residencia, en violación de las normas de derecho procesal penal venezolano que
prohíben la imposición de más de dos medidas alternativas a la
detención y de las
Reglas de Estándar Mínimo para el Tratamiento de Prisioneros de las Naciones
Unidas (Regla 21.1).
Frente a esos últimos desarrollos preocupantes del proceso judicial
empezado contra
la jueza María Lourdes Afiuni, la Comisión Internacional de Juristas y
la Fundación
Jueces para Jueces reiteran a las autoridades venezolanas la demanda
que se asegure a
la jueza Afiuni el pleno ejercicio de su derecho a un proceso justo
con pleno respeto
de todas las garantías propias del debido proceso previstas en el
derecho venezolano y
en los estándares internacionales. Las dos organizaciones piden
urgentemente que las
medidas alternativas a la detención adoptadas contra la jueza Afiuni
sean revocadas, y
la jueza sea inmediatamente liberada sin condición alguna.