Por primera vez la jueza Lorena Moreno tendrá en sus manos todos los documentos requeridos para decidir si los cinco policías metropolitanos que están presos desde hace ocho años y ocho meses por los sucesos del 11 de abril de 2002 gozarán de las medidas alternativas del cumplimiento de las penas, a las que tienen derecho por ley desde hace más de un año.
Los exámenes psicosociales, que nunca les practicó el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia a los cinco uniformados Erasmo Bolívar, Marcos Hurtado, Luis Molina, Arube Pérez y Héctor Rovain , les fueron realizados el 15 de noviembre por el recién creado Ministerio de Servicios Penitenciarios. Los resultados deben ser entregados en el Tribunal 1º de Ejecución del Estado Aragua esta semana, cuando los juzgados vuelvan de las vacaciones decembrinas.
Con esto, aunado a las propuestas de empleo y al auto de ejecución documento en el que se establece el día en que se cumple la sentencia y la fecha a partir de la cual se puede optar a las medidas de destacamento de trabajo, régimen abierto o libertad condicional previstos en el Código Orgánico Procesal Penal que ya reposan en el tribunal, la jueza podrá decidir. Por ley tiene tres días para hacerlo.
El abogado José Luis Tamayo, que encabezó la defensa de los metropolitanos, explicó que incluso ya pagaron las costas procesales (que consistió en la entrega de material de oficina al tribunal), por lo que ni siquiera ese requisito sería una limitante para el trámite de la libertad de los policías.
"Tenemos todas las expectativas puestas en lo que pueda pasar ahora. Legalmente no habría ningún motivo para no otorgarles las medidas porque los resultados de los exámenes fueron favorables", indicó.
Beneficio antes que veredicto. Aunque fueron condenados a la pena máxima de 30 años de cárcel, Bolívar, Molina y Rovain completaron desde octubre de 2010 el tiempo requerido para poder salir de Ramo Verde durante el día para ir a trabajar. Hurtado (sentenciado a 16 años y 8 meses de prisión) y Pérez (condenado a 17 años y 10 meses de cárcel) están en esa misma situación, pero desde hace más de 4 años.
Estos dos últimos metropolitanos estuvieron presos por el tiempo necesario para gozar del régimen de destacamento de trabajo incluso antes de haber sido condenados, debido a que estuvieron encerrados sin sentencia por un lapso superior a un cuarto de las penas que luego les impusieron.
Los cinco policías están privados de libertad desde el 21 de abril de 2003, fecha en la que ellos mismos se presentaron ante las autoridades, y el tribunal los sentenció (junto con los comisarios Henry Vivas, Lázaro Forero e Iván Simonovis) el 3 de abril de 2009, casi seis años después.
Menos condena. Los uniformados podrían haber sido excarcelados mediante la imposición de alguna de las fórmulas alternativas de cumplimiento de las penas, incluso antes de los mencionados lapsos, porque trabajan en las instalaciones de la cárcel militar en la que están confinados.
Las leyes venezolanas establecen que por cada dos días de estudio o de trabajo dentro de los penales se les resta a los presos un día de condena.
"Ellos tienen ocho años y ocho meses presos, lo que quiere decir que han redimido por los menos cuatro años y cuatro meses, tiempo que hay que restarles de la condena", explicó Tamayo.
Hurtado y Rovain hacen labores de serigrafía y bordado con una máquina especial que para tal fin hay en Ramo Verde. Molina y Pérez se encargan de los servicios generales del penal, mientras que Bolívar se ocupa de coordinar las actividades deportivas.
En el caso de Hurtado, además de trabajar, estudió dos semestres de Derecho en el núcleo de la Universidad Bolivariana de Venezuela que funcionó por un tiempo en la prisión.
"El llamado a las autoridades esa la reflexión, a fin de que le den trámite de manera urgente a la solicitud que presentamos para que ellos puedan gozar de estas medidas", indicó la abogada del equipo de defensa, Theresly Malavé.
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