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domingo, 22 de abril de 2012

6to. PODER Política, Venezuela22 abril 2012, 9:15 am Leocenis Habla Claro: Eladio Apunte, Apunte… ¡fuego!

                                                                                                           
 

El periodista venezolano, Leocenis García, indicó en su columna "Leocenis Habla Claro", publicada
este domingo en el semanario 6to Poder afirma que las declaraciones del ex magistrado Eladio
Aponte Aponte debieron "provocar que al día siguiente la Asamblea Nacional se declarara
en emergencia permanente como si de un golpe de Estado se tratara, porque no eran
nimiedades lo que soltaba el señor. Dijo, nada más y nada menos, que Rangel Silva,
Cliver Alcalá Cordones, Reverol entre otros, eran -óigase bien- narcotraficantes.
A eso
sumó que la justicia -palabras más, palabras menos- era un burdel, visto que en vez de la ley lo
que mandaba era el teléfono y la plata, así como en El Ángelus de Caracas o Beverly Hills en Bogotá."

Asimismo, recordó que "la justicia y el imperio de la ley son obligaciones primarias de

todo Estado constitucional. Pero ustedes y el gobierno y gobernante al cual ustedes

sirven han hecho de la Justicia una farsa y del imperio de la ley una burla." Lea el texto

completo a continuación:

Eladio Apunte, Apunte… ¡fuego!

Señores magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, como aquí la mayoría ve la política

como el fin para hacer plata, y no para servir a los ciudadanos, resulta que el 19 de abril el

país amaneció más o menos en calma. La noche anterior todos habíamos quedado con la

mandíbula en el piso, los ojos del tamaño de un faro en altamar y las manos sudadas,

escuchando todo cuanto dijo en un programa de televisión el todopoderoso magistrado

Eladio Aponte Aponte. Lo que dijo Eladio Aponte debió provocar que al día siguiente la

Asamblea Nacional se declarara en emergencia permanente como si de un golpe de

Estado se tratara, porque no eran nimiedades lo que soltaba el señor. Dijo, nada más y

nada menos, que Rangel Silva, Cliver Alcalá Cordones, Reverol entre otros, eran -óigase bien-

narcotraficantes. A eso sumó que la justicia -palabras más, palabras menos- era un burdel,

visto que en vez de la ley lo que mandaba era el teléfono y la plata, así como en El Ángelus

de Caracas o Beverly Hills en Bogotá.

Aquellas declaraciones, honorables magistrados, debieron provocar también que al día siguiente

tomaran ustedes las paredes del TSJ como si fuera el muro de los lamentos y lloraran sus

culpas. Que reconocieran que una justicia manejada a plata y poder puede ser cualquier cosa

menos justicia.

Yo creo y proclamo que la justicia y el imperio de la ley son obligaciones primarias de todo

Estado constitucional. Pero ustedes y el gobierno y gobernante al cual ustedes sirven han hecho

de la Justicia una farsa y del imperio de la ley una burla. Cuando el imperio de la ley es una

realidad, ello es una totalidad plena y hermética que determina que nadie puede hacerse j

usticia por sí mismo, ni en nombre del Presidente, ni del PSUV ni de la Mesa de la Unidad. Pero

cuando quiera produzca un estado de cosas como el que se está viviendo en Venezuela, donde

un delincuente caído en desgracia como Eladio Aponte Aponte confiesa que él era un mercenario

al servicio del poder, el derecho a legítima defensa es un recurso lícito y legítimo y un Derecho

Humano fundamental. Y del derecho a la legítima defensa emana el derecho a la rebelión. Es

así como les digo, señores magistrados. Si ustedes no pueden defender a los ciudadanos los

ciudadanos deben defenderse de ustedes.

Yo reclamo el ejercicio de ese derecho y proclamo que todos los venezolanos hoy lo tienen.

Ustedes se los han dado. La declaración de Aponte Aponte así lo ha patentizado, el ejercicio de una

juececita que hasta ayer no hacía sino comer hamburguesas como secretaria de tribunal, como la

juez Bocanegra, que me acaba de negar el derecho de asistir a la SIP, nos da el derecho de rebelarnos

contra una justicia que no es justicia.

Yo digo esto públicamente, sin miedo. No lo hago por la vía tradicional de los conspiradores que

actúan con simulaciones y fingimientos, como muchos de ustedes han actuado en el pasado. Como

actuó Aponte Aponte, o como actúan algunos opositores gafos. En el rico pasado de conspiraciones

militares que adornan nuestra historia hay muchos casos y ejemplos de los que públicamente

juraban respetar lo que secretamente tenían decidido irrespetar y desacatar para satisfacer sus

ambiciones de mando. 

Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Ese fue el caso de los conspiradores que el 18

de octubre de 1945 derrocaron sin justa causa al gobierno democrático de Isaías Medina Angarita. Y

ese fue el caso de los conspiradores de la rebelión militar de febrero de 1992, que ahora repiten y

aumentan desde el poder todos los vicios y perversiones que justificaban su acción. Y ese es el caso

de los que hoy también gritan "patria socialismo y venceremos", y van y se reúnen con el chulo de Juan

Carlos Escotet o con la DEA, porque están aterrorizados. Ese no es el derecho a la rebelión que yo

proclamo.

Yo no actúo en la sombra del engaño y el fingimiento. Lo hago por esta vía pública porque creo en

la justicia, de sus motivaciones, que nada tiene que ver con las bastardas ambiciones de poder de

la mayoría de los conspiradores del pasado y del presente, señores magistrados. Y el hecho es que si a

una persona o a un país se le coloca en circunstancias que constituyen un estado de extrema peligrosidad

o indefensión, ello genera el ejercicio al derecho a la legítima defensa y a la rebelión. Y Aponte

Aponte ha dicho que estamos en indefensión, que aquí se maneja todo por el 0800 Jódelo ó el 0800

Encánalo.

Ese derecho es expresable por muchos medios. Desde la desobediencia frente a esa justicia, la huelga,

la manifestación, hasta la vía del hecho de fuerza al cual se llega cuando los agredidos ven negado el

camino de la justicia, como lo hice yo cuando tuve que agarrar una silla en pleno juicio para ponérsela en

la cabeza al juez Jesús Jiménez. Todo esto, señores magistrados, se puede hacer cuando vemos

cercenado el derecho a la libre expresión del pensamiento, o nos vemos obligados a la legítima

defensa para la preservación de la vida, de los bienes, la libertad y todos aquellos valores de ética civil

que constituyen lo que, para mí, es esencia del patriotismo.

La legítima defensa de esos derechos y valores mediante la desobediencia y la manifestación pacífica, y la

libre expresión de las ideas me lleva en esta hora a proclamar el deber de todo ciudadano, investido o no

de autoridad, de actuar para corregir las acciones causantes de su indefensión y peligrosidad, ejerciendo

su derecho a la rebelión en la medida que ello sea necesario para restituir la legalidad infringida.

Las declaraciones del magistrado Aponte Aponte lo han dicho muy claro: han prostituido la justicia, la

República. Por más que salga un gafo como Aristóbulo a saltar como una lagartija, esa es la verdad. Y lo

digo a riesgo de que me metan preso nuevamente, sabiendo que esa oposición de burdel nada dirá. Pero

hablo como me manda mi conciencia.

Señores magistrados, el derecho a la legítima defensa, a la desobediencia civil y a la rebelión autoriza a

todas las acciones que sean necesarias para restablecer el ejercicio del Derecho y compensar los derechos

infringidos. Ello lleva a accionar contra los que han provocado el hecho violador de un derecho humano

fundamental como lo es la igualdad ante la ley y el derecho intangible de no ser discriminado por

razones de raza o políticas.

Para que cojan dato, lo que quiero decir es que las víctimas pueden defenderse, así que si yo fuera

familiar de Macuco, o de los Comisarios esperaría a Eladio en una plaza pública. Hablo como pienso. El

derecho a la legítima defensa no tiene más límites que el estado de necesidad que provoca su ejercicio.

Es el derecho de hacer todo lo que sea necesario para que la justicia sea efectiva, cuando es evidente

que los órganos del poder público, a quien corresponde la defensa de los derechos, son impotentes para

el amparo real y efectivo de estos.

En los casos políticos, el Ministerio Público en especial y el Tribunal Supremo de Justicia han hecho

evidente su omisión negligente o dolosa, su acción ineficiente o tardía, y su desatención a evidentes

hechos de abuso, exceso, desobediencia y desacato a la Ley por parte de  funcionarios de gobierno.

Ustedes, señores magistrados, están creando un orden constitucional nulo e irrito. 





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"La historia no los absolverá de haber aplastado a mas de la mitad de Venezuela en nombre de un socialismo del siglo XXI que no es más que la proyección delirante de un hombre empeñado en reducir la Historia al tamaño de las obsesiones de su propia y pequeña biografía". Enrique Krause.



 






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