Ayer miércoles Mackled sorprendió emitiendo unas declaraciones a la llegada a los sótanos de los tribunales para la prosecución de su juicio.
La sorpresa consistió en que por primera vez abre la boca en ese escenario; antes
ha estado mudo.
Y no solo es que salió de ese silencio sin previo aviso, sino que los únicos medios
que esperaban y estaban en ese lugar, de acceso cerrado, para captar y difundir sus
expresiones fueron los del gobierno lo que evidencia, sin lugar a dudas que Mackled
y el gobierno programaron dichas declaraciones.
Surge entonces la pregunta: ¿A quien favorece Mackled con tales afirmaciones de que
le pagaba un sueldo al entonces magistrado por la suma de trescientos millones de
bolívares fuertes cada mes?
Algo le interesó al gobierno para que Mackled dijera eso, y algo le dio a cambio, pero lo
cierto es que lo negociaron.
Sigue el gobierno metiendo la pata en este asunto, además de que puso a un hombre
suyo para ocupar el cargo de juez en ese caso negocia con un narcotraficante a espaldas
del proceso judicial.
El gobierno se expuso al dejar ver que propició e impulsó esa declaración del
narcotraficante porque todo el mundo se ha dado cuenta de la maniobra hecha con el
claro propósito de enredar mas si es posible al ex magistrado como cómplice del
narcotraficante.
Pero, a fin de cuentas esas declaraciones en primer lugar favorece la actual posición de
Aponte Aponte ya que ante las autoridades donde está rindiendo declaraciones confesando
y delatando se confirma que él está involucrado, que conoce a fondo el caso y le permite
credibilidad si dice que de esos trescientos mil bolívares fuertes, que equivalen a trescientos
mil dólares, repartía a Fulano y a Zutano.
Por otra parte, semejante suma de dinero que mensualmente recibiría Aponte no se puede
esconder bajo el colchón, tiene que haber sido guardado en bancos.
¿Como es que los mecanismos de control que SUDEBAN mantiene en la banca no detectó
esa inmensa movilización de efectivo para que se procediera investigar.?
El dinero además deja un rastro, ¿Cual fue la ruta de tránsito de ese efectivo? ¿A que otras
cuentas se dispersó? ¿Acaso parte de ese dinero iba a otros magistrados, a jueces, a
policías…?
Todas las posibles respuestas a estas interrogantes acusan al gobierno, a sus instituciones,
a sus funcionarios.
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