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viernes, 20 de abril de 2012

CÓDIGO VENEZUELA Obligan a civiles a ser milicianos

                                                          
El comandante Edglis Herrera Balza ordenó que todo el personal debe formar parte del Primer

Frente Especial de Milicia del componente



En la base naval de Punto Fijo Obligan a civiles a ser milicianos


 

SEBASTIANA BARRÁEZ. FALCÓN. Es el personal civil de la Base Naval Mariscal Juan

Crisóstomo Falcón de Punto Fijo. El comandante, contralmirante Edglis Herrera Balza ordenó

que todo el personal debe formar parte del Primer Frente Especial de Milicia del componente.

Hasta el 12 de abril tenían plazo para llenar la planilla. Parte del personal manifestó su

molestia por lo que consideran un reclutamiento forzoso. Destacan que eso está prohibido en

los artículos 19, 21 numeral 1, 29 que tratan sobre el respeto a los Derechos Humanos y

134 (Prohibición de Reclutamientos Forzosos) y 161 (Libertad de Conciencia); todos de la

Constitución Nacional.

El personal recibió una "charla motivacional", que lejos de motivarlos terminó siendo un recurso de

presión para obligarlos a firmar la planilla y a juramentarse. La charla estuvo a cargo del

coronel Héctor Aular Crespo, comandante del Agrupamiento de Milicia Bolivariana Paraguaná y

el primer teniente Alexander García. Dicen que no están en contra de la milicia, ni del proceso

revolucionario, pero si la presión que les impusieron para firmar.

PALUDISMO. Ocurre en el estado Bolívar. Urge poner atención a la situación del dengue y el

paludismo. Se habla de entre 500 y 800 casos. El personal de salud ambiental debe asumir con

más responsabilidad el tema.

CVG. Es la Corporación Venezolana de Guayana. Una agencia aduanal extrae ilícitamente

productos de la CVG: hierro, silicio, aluminio, etc. Colocan en la carga productos lícitos en la

planilla de exportación, pero en realidad sacan los productos mencionados. Así esos productos de

la CVG salen por el puerto de Palúa Fac go, estado Bolívar. Pagan bajo cuerda entre BsF 40 y 50

mil por cada exportación ilícita, más Bsf 20 mil que recibe otro funcionario militar. Hace tiempo

esa empresa hizo los trámites aduaneros para sacar maquinaria pesada.

Ahí la Guardia Nacional detectó un alto lote de cocaína. El director de esa agencia aduanera se

ganó la confianza de la alta oficialidad. Él asume los gastos de alimentación de los guardias que

trabajan en el puerto. Además arregla los vehículos dañados de los militares. Incluso a los de más

rango les aporta diversión con damas de compañía y bebidas alcohólicas.

 JUEZA. Es la rectora del estado Sucre, Ana Dubraska García. Un grupo de 188 abogados se puso

de acuerdo para denunciarla. Y le envió, con fecha 19-11-2011, una carta a Chávez, al

presidente de la Asamblea, al vicepresidente, al TSJ y al PSUV. Lo increíble es que no la señalan por

corrupta o por negligente.

La denuncia es por: dominio total de la oposición en los tribunales, enfrentamiento con el gobierno

regional, despidos masivos injustificados y persecución de los afectos al proceso. "Un detalle

espeluznante –dicen los abogados- el sistema de justicia tiene en Sucre un universo laboral de 2 mil

trabajadores; de ellos no hay 50 votos para el presidente Chávez".

Entre los hechos que sorprende de la denuncia de los abogados es que para los despidos laborales

nada tenga que ver "la ejecutoria del poder ejecutivo nacional con un manejo discrecional que se ha

permitido la jueza rectora y que para nada involucran ni al presidente Chávez ni al gobernador

Maestre". ¿Y la división de poderes?

PRODUCTORES. Son los de café del estado Lara, específicamente los de la parroquia Juárez del

municipio Iribarren. Esperan que la CVA-Café les paguen el diferencial de precio del quintal de café.

Hace 6 arrimaron la cosecha. Les pagaron Bsf. 747,00 por quintal. Se acordó que al subir el precio en

gaceta oficial, se pagaría la diferencia. El precio fijado fue de Bsf. 1.200 en noviembre 2011. Las

famitas esperan su dinero.

 TIGASCO. Es la empresa distribuidora de gas domésticos en bombona en Barcelona,

Anzoátegui. Pablo Pérez y Carlos Gutiérrez, Voceros del consejo comunal José Quiroz Boyacá V,

señalan que usuarios de este servicio público han sido atropellados por personal de dicha compañía.

"Una familia exigió un servicio de gas y le contestaron que en 5 días hábiles se lo llevarían. Pasaron

28 días y el gas nada que aparece. La familia insiste. La secretaria recepcionista contesta que en el

sistema aparece este pedido entregado pero que lo meterá en reclamo, para que en 24 horas

sea restablecido el servicio. Pasaron 30 días y siguen sin llevarle el servicio. La familia vuelve a

comunicarse con la empresa.

La secretaria contesta groseramente: 'vaya a fastidiar a otro lado porque estoy muy ocupada'. Por

otra parte, en una investigación realizada por ese consejo comunal "se descubrió una mafia

diabólica en contras de humildes familias que utilizan este servicio". Explican que cuando se hace

el pedido de gas los usuarios deben cancelar Bsf. 15 por una bombona de 18 kilos, que está

regulada por el gobierno nacional Bsf. 6,70.

"También hay que cancelar Bsf. 20 adicional al chofer porque sino el gas será vendido a otros

clientes. El dinero se lo distribuirían entre los chóferes y la secretaria, recepcionista. Hemos

tratado de informarle de ello al gerente de la empresa pero nos han impedido la entrada y no nos

lo comunican telefónicamente".

 HOSPITAL. Es el Militar Tcnel. (ej) Dr. Francisco Valbuena, de Maracaibo estado Zulia. Desde

hace más de 2 meses no hay récipes azules, con el que se retiran las medicinas en las farmacias

Farmahorro. Un aviso, bien grande, está pegado en el modulo donde se entregan los números para

pasar al consultorio y que los médicos le hagan los récipes al afiliado o familiar beneficiario.

Ellos deben presentar previamente la copia amarilla del récipe del mes anterior. La subdirectora

médico, coronela Yolima Báez, les dice que la responsabilidad es del IPSFA que no los envía;

ha asegurado que ellos los solicitan pero no los envían y que incluso les han reducido, sin

explicación alguna, la cantidad que antes les enviaban. Dicen los afectados que la dirección de

Sanidad Militar no hace nada al respecto.

"El gerente de la sucursal del IPSFA en Maracaibo, coronel Arocha, tampoco soluciona. Nadie

hace nada, nadie informa. La salud de los beneficiarios enfermos, cae en franco deterioro, al no

administrarse los medicamentos y no poder adquirirlos". Las patologías con tratamiento continuo y

prolongado (y que no lo tienen asignados por Caracas) son las más graves". Lo que sí es

religioso es el descuento en las pensiones.

BENEDETTI. Es el gran poeta Mario, el que un día escribió: "Es una lástima que no estés conmigo/

cuando miro el reloj y son las cuatro/ y acabo la planilla y pienso diez minutos/ y estiro las piernas

como todas las tardes/ y hago así con los hombros para aflojar la espalda/ y me doblo los dedos/ y

les saco mentiras/…/ Podrías acercarte de sorpresa/ y decirme '¿Qué tal?' y quedaríamos yo con

la mancha roja de tus labios/ tu con el tizne azul de mi carbónico".

 Última Hora

 ¿Por qué hay oficiales hablando, en los cuarteles y escuelas militares, de estado de

conmoción, sin que haya conmoción?

 Un grupo interno de la Oposición puja porque Capriles Radonsky sea defenestrado como

candidato.

 La historia del ex magistrado Eladio Aponte Aponte, es la misma de todos los poderosos que

se creían intocables.

 TRIBUNAL. Es el de primera instancia en función de Control 05 del Táchira, a cargo de Isbeth Suárez

Bermúdez. El 12 de abril 2012 debió efectuarse la audiencia preliminar de Jean Carlos Malpica

Calzadilla. La causa penal es la de la muerte del joven estudiante de la escuela de guardias de

Cordero (Esguarnac), Jhoan Alexis Ortiz Hernández.

El fiscal es el 62 Juan Barradas. El 12 de abril no se hizo la audiencia a pesar de estar presente la

juez, el secretario, el alguacil, los fiscales Deisy Mariela Rodríguez Pereira (nacional auxiliar),

el 62 Juan Barradas y el 20 provisorio Germán Alexis López Ramírez. Estuvieron los padres de

Jhoan Alexis: Edgar Ortiz y Zaida Hernández.

También estuvo la defensora pública Rossilse Omaña. El que no estuvo fue el imputado Juan Carlos

Malpica. La dilatación de ese caso es incomprensible. He ahí el acta de diferimiento.


 SEBARIANA BARRRAEZ | @CodigoVenezuela

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